SRE recibe solicitud de extradición pero sin pruebas.
CDMX. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos este miércoles contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
DOJ afirmó que Rocha y demás señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.
Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Además del gobernador los otros imputados son el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.
Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.
SRE recibe solicitud de extradición pero sin pruebas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición remitidas por el gobierno de Estados Unidos, sin embargo subrayó que la documentación «no cuenta con elementos de prueba» suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados.
La cancillería turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine la viabilidad de las solicitudes de detención conforme al marco jurídico nacional.
En un comunicado, la Cancillería informó que las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a las 18 horas y precisó que, tras una revisión jurídica realizada en el marco del Tratado de Extradición bilateral y de la Ley de Extradición Internacional, se concluyó que los documentos enviados por la Embajada estadunidense carecen de elementos probatorios que sustenten, en esta etapa, la presunta responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita.
No obstante, la dependencia indicó que, conforme al procedimiento legal vigente, corresponde a la FGR analizar la información remitida y determinar si existen elementos de prueba válidos bajo el sistema jurídico mexicano, así como la viabilidad de ejecutar las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.