«Hasta ahora Claudia Sheinbaum y su equipo han manejado bien el timón de la nave mexicana y no se han apartado de la ruta original señalada por la brújula donde se inscribe ‘por el bien de todos, primero los pobres'».
LA CONTINUIDAD. En el viejo régimen, especialmente durante los años en que el PRI se acostumbró a actuar como partido único, resultaba muy funcional para las cúpulas del poder que al inicio de cada sexenio y a falta de un auténtico “sufragio efectivo” y de otros de los elementos propios de la democracia política, los presidentes emplearan un discurso y tomaran algunas decisiones -ligeros golpes de timón- que buscaban marcar una cierta diferencia y distancia respecto de su antecesor. El objetivo era dar la impresión de que cada sexenio traía consigo cambios políticos importantes dentro de la continuidad del régimen. Sólo en el caso del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) hubo efectivamente una transformación significativa en la naturaleza del proyecto gubernamental respecto del pasado inmediato, pero a partir de 1941 los sucesores de Cárdenas retomaron la ruta política ya marcada por los vencedores de Villa y Zapata, y la nave del Estado mexicano siguió el rumbo trazado por el consenso de “la familia revolucionaria”.
En contraste con los usos y costumbres del régimen que ya concluyó o casi -el de la Revolución Mexicana- la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha creído necesario o siquiera útil subrayar una rectificación del rumbo trazado por el movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni modificar los objetivos del proyecto en marcha. Hasta ahora, la Presidenta Sheinbaum sólo ha conducido su gobierno de una manera menos dada a chocar de frente con la ola como ocurrió con frecuencia en el sexenio pasado, pero sin modificar la trayectoria trazada entre 2018 y 2024. Al contrario, una y otra vez la Jefa del Gobierno ha reiterado que la Cuarta Transformación (4T) debe seguir adelante sin titubeos en sus propósitos pues es una empresa de largo aliento que ya tiene un rumbo definido y ratificado el año pasado en las urnas.
Es claro que hoy por hoy la legitimidad del mandato de la Presidenta Sheinbaum está fincada en la autenticidad del “sufragio efectivo” que tuvo lugar en 2024 donde recibió el 59.5 por ciento de los votos y en ese 70 por ciento a 79 por ciento a la aprobación de su desempeño posterior como Jefa del Poder Ejecutivo (la variación en las cifras depende la encuestadora que se elija) y no en un contraste con AMLO. Y es que ese desempeño que tiene una aprobación mayoritaria tiene como propósito explícito justamente seguir adelante con la obra de AMLO: un desmantelamiento pacífico del viejo régimen y sostener la separación del poder político del económico, transformar al Poder Judicial (PJ) para que deje de ser el baluarte de los restos del antiguo orden y efectivamente imparta la justicia que la mayoría demanda, continuar y ampliar las políticas sociales que dan sentido al lema de “por el bien de todos, primero los pobres”, ampliación de los programas sociales y construcción de infraestructura -ferrocarriles, carreteras, hospitales, universidades-, “austeridad republicana” en las cúpulas del sector público, lucha sistemática y efectiva contra la corrupción al más alto nivel, restauración de la seguridad pública en todo el territorio, preservar el espacio de soberanía a que obliga la vecindad con el imperio -especialmente en tiempos de Donald Trump- etcétera.
De los procesos de cambio llevados adelante por Claudia Sheinbaum vale la pena subrayar y aquilatar uno fundamental: el relacionado con el Poder Judicial (PJ). La Presidenta pudo haber encontrado conveniente hacer caso a las voces que dominan en los medios masivos de información y que aconsejaron usar la coyuntura abierta por el arranque de la nueva administración para buscar una salida menos radical que la propuesta por AMLO para transformar al PJ. Para finales del Gobierno lopezobradorista era claro que el proyecto del nuevo régimen requería superar el obstáculo que representaba la oposición frontal de la SCJN en su calidad de último y formidable baluarte del antiguo arreglo político y también era claro que para ello ya no convenía ni se podía recurrir a la fórmula usada por Ernesto Zedillo en 1995: desaparecer de un plumazo a toda la SCJN y por la mera voluntad presidencial recrearla a conveniencia del nuevo Jefe del Ejecutivo.
AMLO intentó inducir el cambio en el aparato judicial “por la buena”, por la vía complicada de la negociación con los interesados y sugirió que fuera la propia corte la que diseñara el proceso y el alcance del cambio. Sin embargo, al grupo duro dentro del PJ -particularmente dentro de la SCJN-, le faltó visión y le sobró soberbia, y simplemente se empeñó en seguir la línea de confrontación directa con el lopezobradorismo apoyándose en aquellos poderes interesados en mantener al PJ como baluarte del estatus quo. Fue así como el primer sexenio de la 4T concluyó con un impasse y heredó a la sucesora la complicada tarea de deshacer el entuerto. La Presidenta Sheinbaum bien pudo aprovechar esa coyuntura para replantear el problema y de paso marcar una diferencia con AMLO, y disminuir la presión interna y externa proveniente de Washington que exigía no tocar a la SCJN ni al aparato judicial que pese a no gozar de buena reputación si protegían con eficacia intereses económicos sustantivos.
En suma. En la coyuntura descrita la Presidenta no titubeó y en cambio se propuso lograr lo que AMLO había empezado. Fue su empeño el factor que logró cambiar de raíz y en un proceso muy complicado no sólo a la SCJN sino a todo ese tercer poder del Estado.
EL FUTURO. Hasta ahora la continuidad del proyecto lopezobradorista se sostiene y se ahonda, pero su actual líder -la Presidenta Sheinbaum- sus colaboradores y su partido tienen en el futuro inmediato marcado por retos formidables. No se prevé que las tormentas políticas amainen sino todo lo contrario y sortearlas va a requerir tanto de la mano firme en el timón como de capotear sus embates tratando de minimizar el daño que puedan causar.
Para empezar, la 4T debe decidirse a cerrar ya, y satisfactoriamente, heridas que son compromisos morales y que el mero transcurrir del tiempo no puede curar. Destaca en esa lista el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014. La sospecha sobre el papel del Ejército en esa tragedia lleva ya once años sin desaparecer y no debe seguir viva. Desde luego el caso reciente de los altos mandos de la armada involucrados en el contrabando masivo de combustible requiere aclararse rápidamente y no dar lugar a que se agregue a la lista de lo no resuelto.
El caso Ayotzinapa como el contrabando masivo de combustible son ejemplos destacados de un reto aún mayor: el del crimen organizado. Es verdad que el gabinete de seguridad se reúne todos los días y que las estadísticas indican una baja en casi todos los delitos, pero también queda claro que los carteles siguen operando y no sólo como estructuras dedicadas al contrabando internacional sino también a la extorsión violenta al interior de nuestras fronteras y que afectan sectores amplios de la población además de continuar como fallas del Estado que dan pie a presiones norteamericanas sobre nuestro país. La Guardia Nacional está identificada como una institución generada por la 4T y la 4T está obligada a evitar la corrupción de sus mandos, y a ser evidentemente eficaz en la recuperación del control gubernamental efectivo de todo el territorio nacional, control sin el cual el Estado mexicano no puede cumplir a cabalidad con sus funciones.
El entorno más difícil en el que tenemos que navegar la Presidenta, su gobierno y México como país, es el internacional. Hoy las condiciones son más difíciles que en el pasado inmediato. La “guerra de los aranceles” desatada a nivel global por el Gobierno de Washington encuentra a México muy vulnerable ya que el 80 por ciento de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano y en ese campo nuestra dependencia es extrema. Se puede incrementar la acción contra los cárteles del narcotráfico, pero mientras Estados Unidos siga siendo el gran demandante de drogas prohibidas ese flanco débil de nuestra estructura institucional seguirá abierto. Tampoco es mucho lo que el Gobierno de nuestro país puede hacer para evitar que la Casa Blanca siga caracterizando a México como país “invasor” por el origen de los migrantes indocumentados. En fin, que por ahora hay que insistir en que lo logrado es mucho y no hay que amilanarse ante la magnitud del reto que se vislumbra en lo porvenir de una empresa histórica que finalmente no es responsabilidad sólo de la Presidenta o de su Gobierno, sino que es colectiva.