Por Sin Embargo
La Ley de Amnistía extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas, ya que el titular del Ejecutivo podrá otorgar la amnistía directa, sin sujetarse ningún procedimiento.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo general y en lo particular, la Ley de Amnistía para facultar al titular del Ejecutivo federal a otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido una acción penal, y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
El documento fue avalado, en lo particular y en términos del dictamen, con 250 votos a favor, 197 en contra y cero abstenciones, luego del desahogo de las reservas de diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PRD y sin partido.
Según la Cámara Baja, “presentaron propuestas de modificación al proemio, metodología, contenido y objeto de la minuta, consideraciones, texto normativo del dictamen, al Artículo 9 de la Ley de Amnistía, transitorios primero y segundo, así como a la leyenda ‘Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2024′”.
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“Se establece que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”, compartió la Cámara de Diputados.
La amnistía podrá aplicar a “personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito”.
De esta forma, la Ley de Amnistía también extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas.
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De acuerdo con las y los diputados, el objetivo final de la Ley de Amnistía es que “se esclarezcan los hechos, que se proteja a los inocentes, que se evite la impunidad de los culpables, y se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familias”.
El Diputado morenista Manuel Vázquez Arellano señaló que dictamen establece “de manera clara y contundente que la amnistía sólo podrá ejercerse en los casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y comprobable”; y recalcó que la modificación en sus términos refleja “un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades a saber qué pasó”.
Por su parte, el Diputado panista Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez afirmó que la reforma es “inadmisible” porque se rompe la división de poderes, al dar “facultad al Presidente de pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Este es un ingrediente más de la receta con la que quieren destruir la República”.
Asimismo, el petista Benjamín Robles Montoya negó que la reforma sea para empoderar al Ejecutivo federal y una concentración del poder, así como que se convertirá en un ser omnímodo y que vulnera las atribuciones del Congreso. “El objetivo es abrir una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano”, dijo.
También Miguel Humberto Rodarte de Lara, del PAN, se pronunció en contra, pues señaló que la reforma es “claramente inconstitucional” y que “carece de cualquier elemento de técnica jurídica, ya que confunde el concepto de amnistía con el de indulto, por lo que favorece a quien es procesado o se le ha declarado sentencia condenatoria”. “Se concede al Ejecutivo el poder de perdonar a cualquiera que a su propio parecer sea de interés del Estado, lo cual vulnera la división de Poderes”, sostuvo.
Apenas el pasado 18 de abril, el pleno del Senado aprobó, con 67 votos a favor y 32 en contra, el dictamen para que el titular del Ejecutivo federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la Nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.
De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.
“Se establece que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento”, compartió la Cámara de Diputados.
La amnistía podrá aplicar a “personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito”.
De esta forma, la Ley de Amnistía también extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas.
De acuerdo con las y los diputados, el objetivo final de la Ley de Amnistía es que “se esclarezcan los hechos, que se proteja a los inocentes, que se evite la impunidad de los culpables, y se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familias”.
El Diputado morenista Manuel Vázquez Arellano señaló que dictamen establece “de manera clara y contundente que la amnistía sólo podrá ejercerse en los casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y comprobable”; y recalcó que la modificación en sus términos refleja “un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades a saber qué pasó”.
Por su parte, el Diputado panista Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez afirmó que la reforma es “inadmisible” porque se rompe la división de poderes, al dar “facultad al Presidente de pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Este es un ingrediente más de la receta con la que quieren destruir la República”.
Asimismo, el petista Benjamín Robles Montoya negó que la reforma sea para empoderar al Ejecutivo federal y una concentración del poder, así como que se convertirá en un ser omnímodo y que vulnera las atribuciones del Congreso. “El objetivo es abrir una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano”, dijo.
También Miguel Humberto Rodarte de Lara, del PAN, se pronunció en contra, pues señaló que la reforma es “claramente inconstitucional” y que “carece de cualquier elemento de técnica jurídica, ya que confunde el concepto de amnistía con el de indulto, por lo que favorece a quien es procesado o se le ha declarado sentencia condenatoria”. “Se concede al Ejecutivo el poder de perdonar a cualquiera que a su propio parecer sea de interés del Estado, lo cual vulnera la división de Poderes”, sostuvo.
Apenas el pasado 18 de abril, el pleno del Senado aprobó, con 67 votos a favor y 32 en contra, el dictamen para que el titular del Ejecutivo federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la Nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursosextraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estadoha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.
De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.