Según cálculos de la ASF.
CDMX. Tras su penúltimo año de funciones como presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en un probable daño a la tesorería por 272.4 millones de pesos, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tras una revisión se detectó que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables.
En el informe incluido de la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024 precisa que el extinto Consejo de la Judicatura Federal, pagó a proveedores 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles, 49.4 millones son justificar de trabajos de mantenimiento y 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.
La auditoría se realizó tras la desaparición del CJF derivada de la reforma judicial como parte de esta reestructura y donde sus funciones fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial.